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Calderón cree que el principal problema de su país es que las leyes no se cumplen y que la seguridad en las calles se ha convertido, en muchas poblaciones de la frontera con Estado Unidos, en el monopolio de las mafias.
Por eso, el presidente mexicano ha asegurado que solicita un aumento de casi el 40 por ciento en los presupuestos destinados a la lucha contra el narcotráfico porque "la seguridad, la justicia y el orden son el principal desafío".
Esta nueva inversión les supondrá un esfuerzo importante a las arcas mexicanas. 3.820 millones de euros irán directamente a parar al ejército, la policía y los servicios de inteligencia para evitar que haya más ajustes de cuentas y secuestros, en los que suelen aparecer víctimas inocentes, a cuenta de la droga de las bandas. En los últimos años han muerto asesinadas 3000 personas.
El presidente mexicano, posiblemente para evitar la corrupción y la infiltración de numerosos narcotraficantes en as filas de las fuerzas de seguridad, quiere crear un nuevo cuerpo "confiable" y en el que cualquier miembro de otras organizaciones que quiera incorporarse deberá ser "depurado y profesionalizado" previamente. Este cuerpo vendría a sumar sus efectivos a 45.000 soldados que ha desplegado el ejército para frenar el dominio de las mafias.
La policía se ha convertido en una institución cada vez más cooptada por los narcotraficantes bien sea por el miedo a ser asesinados o por los generosos incentivos económicos que ofrecen. Los soldados del ejército mexicano detuvieron la semana pasada a 26 policías del estado de Tabasco por sus relaciones con las bandas y en los últimos 9 meses han sido destituidos otros 200.
En lo alto de la agenda
Felipe Calderón ha identificado la máxima preocupación de los mexicanos, el miedo a los narcotraficantes, y está dispuesto a empezar a resolverla. Hace menos de un mes, 150.000 personas se manifestaron en la capital del país para exigir que el Gobierno tomase cartas en el asunto y redujera la intensa violencia a la que se ven sometidos muchos mexicanos.
Hace veinte días, Calderón anunció la promulgación del Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, que firmaron el Gobierno federal, las autoridades de los Estados y municipios, los legisladores y los jueces. Fue un paso delante de todos los poderes del Estado frente a la violencia de las mafias.
Entre las medidas del Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, destacan la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad, la reforma judicial para que los secuestradores cumplan las penas íntegras, el nombramiento de jueces especializados o la creación de una base nacional de teléfonos móviles.
Por otro lado el Gobierno federal se compromete, entre otras cosas, a fijar una estrategia contra el lavado de dinero, a construir dos penales de alta seguridad con áreas especiales para secuestradores, a unificar las bases de datos de teléfonos móviles, a instaurar un programa de recompensas, a establecer un documento nacional de identidad y a renovar las academias de la policía federal.
Al Congreso le corresponde dictar una ley antisecuestros y reformar la legislación para impedir que los secuestradores se beneficien de la reducción de condenas. El Poder Judicial deberá nombrar jueces y magistrados especializados en crimen organizado y rotar permanentemente a los titulares de juzgados. Los Gobiernos estatales, por su parte, deberán construir nuevas cárceles, crear unidades contra el secuestro, homologar las leyes en materia penal y depurar los cuerpos policiales. |
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