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El juez Pedraz ha aceptado la denuncia que el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), la Fundación Privada Casa del Tíbet y la asociación Thubten Wangcheg Sherpa presentaron en Madrid. Según el magistrado, tiene competencias para hacerlo porque los hechos podrían ser "delitos de lesa humanidad".
Según los querellantes, los siete altos cargos del Gobierno chino dirigieron "una matanza sistemática y generalizada" contra la población tibetana así como la realización de "lesiones graves, torturas y desapariciones forzadas" que fueron cometidas desde el 10 de marzo de 2008.
Las autoridades investigadas difícilmente podrían ser más relevantes. Van desde algunos de los líderes políticos más sobresalientes, como los ministros de Seguridad y Defensa o uno de los miembros del órgano de decisión del Partido Comunista, Wang Lequan, hasta destacados jefes del ejército como el general Tong Guishan, comandante de las fuerzas armadas en el Tíbet.
La investigación tampoco ofrece lugar a muchas dudas. Pedraz cree que han podido provocar "la muerte o lesiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad con infracción de las normas internacionales al efecto y las torturas denunciadas".
Por si fuera poco, según el magistrado, los tibetanos pasan a ser un colectivo perseguido "por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional". Los chinos consideran a muchos de ellos enemigos de la patria y terroristas.
A pesar de todo y de la eventual reacción de las autoridades chinas en los próximos días o después de los Juegos Olímpicos, el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, se muestra convencido de que es imposible "que vayan a verse afectadas las relaciones" porque "es un tema que ni tan siquiera se ha abordado" en la reunión que han mantenido hoy.
La última vez que las instituciones de un país hicieron un gesto a favor de los tibetanos, las autoridades chinas se acusaron al presidente Bush de "intervenir en sus asuntos internos" con una "conducta odiosa". |
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