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La propuesta constitucional, que se someterá a la aprobación de los ecuatorianos en un referéndum a finales de septiembre, fue aprobada por 94 votos a favor sobre 126 asambleístas presentes en la última sesión del cuerpo, lo que desató la euforia en la bancada oficialista.
"Les invito a todos a que dejen de lado los prejuicios y súbanse al carro de la nueva Constitución", dijo Fernando Cordero, presidente de la Asamblea.
Los "prejuicios" serían, entre otros, la destitución de los 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el recorte de la representación de los partidos políticos que se le oponen a Correa en los entes públicos.
"El sector público es que el controla el 75 por ciento de los recursos del país y si el Gobierno se queda solo en ellos, la oposición está siendo casi expulsada de la vida pública", afirma una analista para Diario Exterior.
Por otro lado, el texto constitucional no sólo marginará a los adversarios del Gobierno son que aumentará el poder del Ejecutivo sobre la economía. Las empresas de capital privado, tanto ecuatorianas como extranjeras, podrían enfrentarse a procesos de estatización similares a los de Bolivia y Venezuela.
Por otro lado, la Constitución prevé una reelección inmediata para el presidente, lo que implica que Rafael Correa podría haber buscado una forma de permanecer en el poder todos los mandatos que consiga que los ciudadanos le respalden y, además, acelerar los trámites electorales para que la oposición no tenga apenas margen de maniobra en los próximos comicios.
No obstante,a Rafael Correa le ha sabido a poco e cambio constitucional y ha asegurado que todavía existen "barbaridades" con las que no está de acuerdo dentro del articulado. |