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La protesta llegó al Tribunal Supremo de Justicia, en el centro de Caracas, mientras entre consignas los manifestantes exigieron un pronunciamiento de esta instancia judicial sobre la legalidad de las inhabilitaciones.
El alcalde del municipio Chacao, Leopoldo López, quien fue inhabilitado para presentar su candidatura a la alcaldía de Caracas, lamentó que la presidenta del Tribunal Supremo, Luisa Estela Morales haya expresado que el máximo tribunal del país no se dejará presionar para decidir sobre las inhabilitaciones.
"Le decimos al TSJ que nosotros, sujetos a la Constitución, le estamos diciendo a Venezuela que es el pueblo el que habilita y deshabilita", dijo López en un breve discurso al final de la protesta.
La inhabilitación de los políticos, incluyendo a figuras emblemáticas de la oposición, ha generado la movilización de los grupos opositores que denuncian que la medida viola la Constitución porque los acusados no han sido enjuiciados.
Por su parte, el presidente del partido socialcristiano COPEI, Luis Ignacio Planas, afirmó que "hay tiempo todavía de reivindicar la justicia en el país" y dejar sin efecto la inhabilitación.
"Exhortamos al TSJ a restituir el orden constitucional que está en vilo actualmente con el caso de las inhabilitaciones que ha impuesto y que pretenden impedir la participación en las elecciones regionales de ahora casi 300 personas, cuando está claro que una medida de este tipo sólo puede ser efectiva si existe una sentencia firme, según la propia Constitución", dijo Planas.
La que fuera primera dama de Venezuela, Marisabel Rodríguez, indicó que la movilización era para manifestarle al Tribunal que "no puede inhabilitar, no está inhabilitando a una persona, sino al pueblo". La marcha fue acompañada por los principales partidos de oposición que consideran una causa común luchar contra las inhabilitaciones.
El Contralor, Clodosbaldo Russián, consignó el viernes ante el Consejo Nacional Electoral la lista de inhabilitados para que este organismo impida su postulación a las elecciones del 23 de noviembre.
Russián había entregado en febrero al CNE un listado de 400 políticos inhabilitados, pero indicó que el número se redujo porque un grupo ya cumplió con la sanción administrativa. Russián aplicó la medida a casi 300 personas acusándolas de haber utilizado dinero público en partidas diferentes a las que estaban destinadas.
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