El presidente ejecutivo de Petrobras, José Sergio Gabrielli, rebozaba optimismo cuando visitó la semana pasada por las oficinas de The Wall Street Journal en Nueva York para hablar sobre la petrolera brasileña.

Una razón por la que Gabrielli es optimista es el descubrimiento del yacimiento Tupi en alta mar, el cual se estima contiene entre 5.000 millones y 8.000 millones de barriles de oro negro. Otra razón, igualmente importante, es que según Gabrielli, ningún ambientalista o político brasileño ha cuestionado la explotación de petróleo en aguas brasileñas. Eso contrasta con posturas en Estados Unidos, donde la explotación y desarrollo de plataformas en alta mar han sido prácticamente detenidas con excepción del Golfo de México.

Una explicación para las diferencias entre las posturas de Brasil y EE.UU., según un funcionario de la compañía, es que los brasileños entienden la importancia de la energía para su futuro, mientras que los estadounidenses no.

Yo tengo otra teoría y la mía encaja con el patrón de desarrollo de recursos, o la falta de este, en todo el hemisferio occidental. Se resume así: cuando el gobierno tiene los derechos de propiedad, las restricciones en el desarrollo tienden a ser pocas. Pero cuando el sector privado es el propietario, las preocupaciones ambientales florecen.

La prueba número uno es Petrobras. Gabrielli no sólo dijo que no hay un deseo por detener los proyectos en alta mar en su país. Fue más lejos: "Brasil tiene una de las regulaciones más libres y más orientadas a favor de los inversionistas en el mundo. Aún más libre que en EE.UU.", dijo refiriéndose al clima de exploración petrolera.

Puede que sea así, pero sería interesante saber por qué, dado el prominente apoyo de Brasil al socialismo. Podría ser que el país está cambiando. Después de todo, ahora hay competencia del sector privado en la industria petrolera. Aunque también vale la pena destacar que el gobierno brasileño tiene una participación controladora de 58% en las acciones con derecho a voto de Petrobras y 32% del total de acciones. Esto significa que las ganancias de Petrobras van directamente al gobierno, dándole a los políticos más dinero para sobornar a sus votantes.

En EE.UU., el Congreso no tiene ni remotamente esos intereses en una industria petrolera exitosa. ¿Qué tan buenas son las ganancias corporativas si van directamente a los accionistas, pensionados y empleados? Al Congreso incluso se le ha negado un impuesto por ganancias extraordinarias. Los políticos estadounidenses tienen mucho más incentivos para atender el poder concentrado de los grupos de intereses especiales conocidos como "verdes".

En 1995, el gobierno británico vendió su participación restante en British Petroleum, que había sido privatizada desde la década de los 80. En octubre de 1996, un miembro británico del Parlamento Europeo, el socialista Richard Howitt, empezó a acosar a BP por supuestas violaciones ambientales y a los derechos humanos en Colombia. ¿De pronto la compañía pasó de ser un ciudadano modelo a una corporación asesina? O, ¿los socialistas británicos de repente perdieron el incentivo de apoyar a la compañía y descubrieron nuevas razones para atacarla, ya que los integrantes de la izquierda son aliados ideológicos de los rebeldes colombianos que estaban poniendo bombas en los oleoductos de BP?

Al menos, Petrobras es una compañía bien dirigida, que cotiza en bolsa y que debe responder a sus accionistas. Pemex, la petrolera estatal mexicana, es un notable contaminador y aparentemente está exenta de la presión política para

limpiar lo que hace.

La minería provee un ejemplo todavía mejor de esta contradicción. Bolivia, Venezuela y Cuba impulsan agresivamente las operaciones mineras estatales. Ningún movimiento ambientalista no gubernamental, ni la clase política han expresado la más mínima objeción.

En los lugares donde el sector privado está promoviendo la exploración minera, la historia es completamente distinta. En febrero, visité un pueblo rural en El Salvador cerca de la frontera con Honduras, donde Pacific Rim Mining Corp. trata de reabrir la mina de oro El Dorado. La compañía pasó un año construyendo los diseños de la mina, en un proceso que incluyó más de 20 juntas públicas con las comunidades locales. La firma dice que el último diseño excede los estándares internacionales. El gobierno del presidente Tony Saca reconoce esto diciendo a la compañía que no hay problemas técnicos con la mina, sino políticos.

Esos problemas políticos vienen del partido político de izquierda FMLN, y de las organizaciones no gubernamentales que comparten la ideología anti-sector privado del FMLN. Los críticos han cuestionado los temas ambientales de la mina, aunque no han sustentado nada. Pese a esto, el gobierno de Saca ha respondido retrasando los permisos de Pacific Rim durante cuatro años, enviando la señal a los inversionistas de que El Salvador no es un país abierto al sector empresarial.

El alcalde local me dijo que la comunidad quiere el proyecto, el cual creará 600 nuevos empleos directos y podría producir hasta 3.000 empleos indirectos. El único problema es que como el gobierno no es el propietario, El Dorado no inspira a los políticos en San Salvador de la manera en que Petrobras inspira a Brasilia.