En el intento por conseguir el apoyo de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para el tratado de libre comercio (TLC) entre EE.UU. y Colombia, Gustavo Palacio no era rival para John Sweeney.

Sweeney, presidente proteccionista de la AFL-CIO (Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales), se opone al tratado de libre comercio. Palacio, un líder sindical colombiano en una región que era un campo de batalla hasta que el presidente Álvaro Uribe asumió el poder en 2002, desea que el acuerdo de libre comercio sea aprobado.

Hace dos semanas me reuní con Palacio, líder de un sindicato de mineros, y otros ocho líderes laborales, quienes han viajado a Washington para hablar sobre la importancia del tratado de libre comercio en la lucha contra la pobreza y la violencia en su país. Ellos representan sindicatos industriales, los cuales, a diferencia de los dominantes sindicatos del sector público en Colombia, no están alineados con los políticos de extrema izquierda. El 9 de abril, a la mitad de su visita, Pelosi anunció que dejaría al TLC en el congelador, asegurándose que no pueda votarse sin su aprobación. Quizá, puso al TLC junto a su conciencia, que también parece estar congelada durante este año de elecciones.

Aquellos que luchan contra la pobreza en EE.UU. y Colombia están dolidos por el truco sucio de Pelosi. Pero no es el final de la historia; hay otro capítulo por escribir, y en él, Palacio y millones de colombianos luchando por una vida mejor se sobrepondrán a las barreras puestas por los políticos estadounidenses.

El caso anti-TLC en EE.UU. ha sido construido a partir de dos pilares de propaganda. El primero es que bajo el liderazgo de Uribe, los sindicatos han padecido desproporcionadamente como blanco de los asesinos. Esto es falso. Los asesinatos de activistas laborales han sido reducidos drásticamente por Uribe, de 196 en 2002 a 26 el año pasado.

¿Por qué eran asesinados tantos sindicalistas antes de la llegada de Uribe? En parte tiene que ver con los lazos históricos entre algunos sindicatos dominantes del sector público y la extrema izquierda colombiana. Estas organizaciones tienen sus raíces en una ideología antiestadounidense, antidemócratica, antimercado compartida con los insurgentes del país respaldados por Castro. Trágicamente, esto ha puesto a los sindicatos dominantes del lado izquierdo de la violencia política colombiana por décadas. Aquellos que tomaron las armas para pelear contra las agresiones de la guerrilla han estado del otro lado del conflicto.

Miles de civiles, no sólo los activistas laborales de izquierda, han sido asesinados en los episodios de violencia colombiana durante varias décadas que aún no terminan. Uno de los líderes sindicales con quien me reuní la semana pasada es nuevo en su trabajo. Su predecesor, que estaba a favor del TLC, fue asesinado en noviembre.

Aun así, las cosas están mejor de lo que han estado en mucho tiempo, gracias a Uribe. Él restauró el papel del Estado de hacer cumplir la ley e incrementó el presupuesto de la Procuraduría General para procesar los crímenes políticos. También creó una fuerza especial de seguridad para los líderes sindicales. Ningún presidente colombiano ha hecho tanto para proteger las organizaciones laborales.

El segundo mito anti-TLC es que los mayores sindicatos de Colombia, cuyos líderes se oponen al tratado, son representativos de la fuerza laboral del país. Es cierto que los mayores sindicatos representan un 86% de los trabajadores organizados, pero todos los trabajadores sindicalizados representan sólo 4,5% de la fuerza de trabajo. Esto es una caída en comparación con hace una década, cuando los miembros de sindicatos constituían un 6% de la fuerza laboral.

La causa de esta baja tasa, según me dijeron los visitantes en Washington, es la radicalizada agenda política de los líderes en los grandes sindicatos. La agenda se puede resumir como "abajo con el gobierno, abajo con el imperialismo, abajo con el Fondo Monetario Internacional". Esta retórica no concuerda con la mayoría de los colombianos. Ellos creen que, más allá del apetito tradicional de EE.UU.

por las exportaciones colombianas (café, plátanos, carbón y petróleo) hay una nueva oportunidad de descubrir nuevos mercados estadounidenses que beneficien a los trabajadores. En una carta a la AFL-CIO fechada el 28 de marzo, el grupo también dice que los líderes de los grandes sindicatos tradicionales están "más interesados en conseguir privilegios personales que en trabajar a favor de los trabajadores".

Es por esta razón que Palacio y los líderes sindicales con los que hablé la semana pasada quieren formar un nuevo "sindicato central de comercio" que será "independiente, democrático, pluralista" y procurará "acuerdos armónicos" con los empleadores. Ellos ya representan trabajadores en la industria textil, servicios públicos, alimentaria y de bebidas, el cultivo de plátano, metalúrgica, floricultura, construcción, zapatos, confecciones y cultivo de frutas, al igual que la minera representada por Palacio. En número son pequeños, pero creen que pueden reclutar gente en el sector privado, donde labora un 90% de los colombianos, ofreciéndoles una alternativa a su status quo. No tienen miedo de apoyar puntos de vista compartidos por el gobierno o las compañías.

Un ejemplo es el TLC. Palacio dice que su sindicato de 1.500 trabajadores apoya el tratado por dos razones: seguridad e inversión. El estado de Antioquia, donde Palacio trabaja, ha sido un tanto tranquilizado bajo el mandato de Uribe. Pero dice que, si el área espera mantener la paz, necesita empleos para la gente joven. Al atraer inversión a la región, el TLC mejorará las perspectivas de empleo. También se espera que el acuerdo impulse la riqueza en general en la región, lo que significa mejores servicios sociales e infraestructura.

Los otros líderes sindicales con quienes hablé comparten esta visión. Ellos ven al TLC como una herramienta para atraer inversionistas, mejorar las condiciones laborales y ofrecer empleos con mayores salarios. El ex líder de un sindicato de productores de plátanos en Antioquia me dijo que esa organización respalda al TLC porque significará que los agricultores puedan importar maquinaria, haciéndole más sencilla la vida a los trabajadores.

¿Algo de esto le importa a la cínica presidenta de la Cámara? No. Ella tiene el respaldo de Sweeney para noviembre y ha perjudicado a un aliado de EE.UU. en la guerra contra el terrorismo. Quizá si Bogotá hubiera emulado a, digamos, Siria al oponerse a la política exterior de Bush, tendría más posibilidades con Pelosi.

Fuente: Cato Institute