El encuentro del 7 de enero es considerado clave para bajar la tensión política en el país altiplánico, donde la "revolución democrática y cultural" del mandatario indígena enfrenta una dura oposición de sectores conservadores liderados por los gobernadores, conocidos localmente como prefectos.

Cinco de los nueve prefectos han rechazado el nuevo texto constitucional y proclamaron autonomías de facto en diciembre, en el mayor desafío enfrentado en casi dos años de mandato por Morales, quien goza de un firme respaldo de gobiernos como los de Argentina, Brasil, Cuba y Venezuela.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo el miércoles que, pese a su decisión de abrir un diálogo "abierto y sin condiciones," Morales no tenía atribuciones para poner en negociación una Constitución ya aprobada legalmente.

"Todos los requisitos de ley hay sido cumplidos por la Asamblea Constituyente para la aprobación de la nueva carta magna que va a ser sometida al pueblo a referéndum; imagínense que estemos planteando una negociación sobre ese tema, eso ya no corresponde," afirmó en declaración a reporteros.

No había una reacción inmediata de los prefectos rebeldes, que al anunciar el diálogo dijeron que el tema del cambio constitucional debería estar en la agenda.

Rada remarcó que la nueva Constitución "no corresponde ya al Poder Ejecutivo, no es patrimonio del Gobierno nacional, ni siquiera de la Asamblea Constituyente, (sino que) es un patrimonio del pueblo boliviano y será sometida a referéndum."

Insistió, sin embargo, en que el Gobierno tenía "la mejor de las disposiciones para encarar el diálogo, de tal manera que lo que el país está esperando hoy, es decir un proceso de concertación nacional, se dé."

Horas antes de la declaración de Rada, dos de los prefectos rebeldes -Mario Cossío de Tarija y Manfred Reyes Villa de Cochabamba- expresaron confianza en el diálogo con parecidas referencias a que ningún tema sea excluido de las conversaciones a realizarse en el gubernamental Palacio Quemado de La Paz.

El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, guarda silencio desde que el 27 de diciembre anunciara que iría al diálogo con Morales sin ceder "ni un milímetro" en la demanda de autonomía para ese rico distrito oriental, que tiene un tercio del territorio y aporta aproximadamente un cuarto del producto nacional.

El cambio de Constitución es clave para la "refundación" de Bolivia prometida por Morales y busca dar más poder a la mayoría campesina e indígena y consolidar la nacionalización de recursos naturales iniciada en la industria de hidrocarburos, centrada en exportaciones de gas a Argentina y Chile.

Además de los dos referendos -uno de detalle y otro general- por los que todavía debe pasar la nueva carta fundamental, están en negociación referendos revocatorios de los mandatos del presidente y los nueve prefectos, propuestos por Morales como salida a las disputas políticas.