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El director de AI en España, Esteban Beltrán, precisó a Europa Press que la organización planteó ya la semana pasada esta petición a la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, a quien le entregaron una lista con cada uno de esos 65 presos. También le pidieron que haga gestiones para permitir la entrada en la isla de la comunidad internacional. AI no visita el país desde 1990.
Jiménez acompañará junto a la secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín, al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, en la visita que iniciarán el lunes a la isla.
A juicio de AI "no hay ningún motivo" para que estas personas, algunas de las cuales llevan 13 años de prisión, sigan entre rejas. Se trata de docentes, periodistas, defensores de derechos humanos o médicos y entre ellos hay 13 que cumplen su condena fuera de prisión (bajo arresto domiciliario o en hospitales carcelarios) por problemas de salud.
Beltrán citó algunos de los motivos por los que fueron condenadas estas personas, como por "haber mandado información a Amnistía Internacional", por "conducta antisocial" o por "publicar información crítica con el Gobierno en un boletín".
Se refirió en concreto al caso del fontanero Orlando Zapata Tamayo , detenido el 20 de marzo de 2003 por "participar en una huelga de hambre para reclamar la libertad de otros presos". Fue condenado a tres años de cárcel por "desprecio a la figura de Fidel Castro" y "desorden público y resistencia".
En noviembre de 2005 le impusieron otros 15 años "acusado de desacato y resistencia en el centro penitenciario" y en mayo de 2006 fue juzgado de nuevo "por los mismos cargos" y condenado a una pena adicional de siete años, relató Beltrán. En la actualidad, Zapata Tamayo cumple una condena de 25 años y seis meses de cárcel.
El director de AI señaló que la organización investiga "decenas más de posibles presos de conciencia", pero de momento son estos 65 los casos que han concluido.
Beltrán indicó que también trasladaron a Jiménez su preocupación por el hostigamiento e intimidación durante 2006 a los familiares de los presos, en cuyos domicilios y centros de trabajo el Gobierno "organizó" manifestaciones. |
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