En esa región murieron al menos veinte campesinos y dos funcionarios de la Prefectura opositora de Pando, según la investigación. La misión de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) emitió un cuestionado informe que habla de crímenes de lesa humanidad, aunque no responsabiliza a nadie.
La demanda, firmada por los gobernadores de Santa Cruz, Rubén Costas; de Beni, Ernesto Suárez, y de Tarija, Mario Cossío, fue presentada en la Fiscalía General contra el ministro Juan Ramón Quintana.
Los prefectos acusan al ministro de Morales por los delitos de "genocidio, sedición, conspiración, uso indebido de influencias e instigación a la violencia, entre otros", señala un comunicado difundido por la prefectura cruceña.
El prefecto Costas señaló a la prensa que la demanda se justifica porque, a su juicio, Quintana fue "el causante de los hechos violentos sucedidos en Pando", que no se hubieran realizado sin su "directa, personal y activa participación".
"Una masacre sangrienta"
En la legislación penal boliviana, el delito de genocidio también alcanza los casos de "masacres sangrientas" que, según la Fiscalía General, es lo que ocurrió en Pando el 11 de septiembre pasado.
La demanda fue presentada el mismo día en que esa comisión de la UNASUR presentó a Morales el informe final sobre su investigación realizada en Pando y en la que no se señalan supuestas responsabilidades en el Gobierno.
Según esa investigación, en Pando se produjo el pasado 11 de septiembre una masacre planificada de campesinos en la que participaron empleados de la Prefectura pandina.
Los partidos de la oposición han cuestionado el informe y lo han tildado de parcial porque, a su juicio, no habla de una presunta responsabilidad del Gobierno o sus aliados en Pando en esa matanza. |