Desde 1984, en EE.UU. está prohibida la compraventa de órganos humanos, y el sistema de donaciones fuertemente regulado provocando un nivel de ineficiencia que ha logrado que, según el Departamento de Salud, entre 1989 y
2009 los pacientes a la espera de un órgano aumentaran 589 %, mientras que los donantes solo 150 %. Diariamente 20 personas mueren esperando trasplante, así algunos estadounidenses (y de otras nacionalidades), optan por pagar hasta 200 mil dólares por un hígado en Colombia. Es el “turismo trasplante” por el que cada vez más personas viajan para comprar un hígado, un riñón o hasta un corazón. Lo que
tiene su riesgo, por caso, muchos "receptores de riñones comprados han tenido serias infecciones o han muerto", según la Declaración de Estambul, organización dedicada a
combatir esa práctica.

Otros dicen que prefieren morir o dejar morir a sus parientes antes que comprarle órganos al crimen organizado. Los dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de salvar las vidas, frente a la “ilegalidad” impuesta por el gobierno, hacen
cosas desesperadas, provocando el tráfico de órganos en el mercado negro que explota a "donantes" que lo hacen por necesidad económica o son víctimas del crimen organizado. Práctica que ha crecido sobretodo en Colombia, Egipto y Filipinas, según la Declaración de Estambul. Mientras que los "clientes" provienen de donde el poder adquisitivo es más alto y las regulaciones en trasplantes son más estrictas, como
EE.UU. y Japón.

Colombia lidera el tráfico ilegal de órganos, y pareciera que buena parte de los “donantes” son víctimas de la guerrilla cuyos cadáveres nunca se recuperaron. Es decir, otro aliciente para el terrorismo. Crudamente analizado, quizás
sea cierto que, en definitiva, no hay una cuestión ideológica detrás de la guerra del terrorismo, solo una lucha por dinero y poder. La prohibición de algunas drogas provoca un tráfico clandestino (el narcotráfico) que resulta ser en una fuente de
riqueza para la guerrilla.

Escribía Jorge Caicedo Correa, en El Tiempo de Colombia, a raíz de que ´The Guardian´ le propuso al presidente Santos que liderara la legalización de las drogas -al observar los billetes de 500 euros en el campamento de las Farc- que en
la zona donde murió ´Alfonso Cano´ presenció que una mula pisó una mina. Por ese camino se traslada la coca a los mercados internacionales. La mina antipersona fue comprada en China, por unos 1.000 dólares cada una, pagados en Nueva York con e producto de la droga. El traslado de las minas en contenedores se cancela en Amberes a 1.000 euros por tonelada, con el producto de la venta de la droga en Europa cuyos sobrantes se encontraron en el campamento de ´Cano´. Los contenedores se devuelven en Panamá, y se traslada por canoas hasta los desembarcaderos de las Farc.

Terminado el uso del poder de policía estatal para impedir que ciertas actividades sean legales, el fin de la “ilegalidad”, desparecería el crimen, organizado precisamente para contrarrestar a la policía estatal. Según el ex fiscal colombiano
Gustavo de Greiff, en esta guerra internacional participan funcionarios corruptos en toda la ruta y si se terminara, según de Greiff, se “evitaría… la violencia en calles… el sostenimiento de guerrillas”, con el consiguiente ahorro en vidas humanas y dinero. La guerra contra las drogas, irónicamente, suma más muertes que la propia droga.